En España: Catalán y Castellano

Contra el monolingüismo

Es conveniente que los intelectuales no se inhiban ante los problemas de la sociedad. Ahora bien, desanima y desconcierta que personas brillantes como Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Luis Alberto de Cuenca o José Antonio Marina apoyen el reciente manifiesto en defensa del castellano como lengua común en España. ¿Son conscientes de la distancia enorme que separa el país que describen del real en el que vivimos unos cuantos millones de personas? ¿No conocen los datos rigurosos sobre conocimiento y uso del español y del catalán por ámbitos que el jueves difundió el barómetro de la comunicación y la cultura?El castellano no corre peligro de desaparición en las autonomías con doble oficialidad lingüística, porque la escuela garantiza el conocimiento y porque cualquier ciudadano que viva en estos territorios encuentra el castellano en una posición predominante cuando lee las publicaciones que puede adquirir en un quiosco o en una librería, cuando ve la televisión, cuando mira las carteleras de cine... Es lamentable, además, que la UPD de Rosa Díez y el PP compitan por conseguir adhesiones a un texto tan poco fundado. Pueden estar tranquilos: sus temores no están justificados en absoluto, porque el español es una de las lenguas más difundidas en todo el mundo, sino porque ni las instituciones ni la gente pretenden, al impulsar el aprendizaje y el uso del catalán, que el castellano desaparezca.

La presentación del documento sirvió también para que Savater reiterara que los ciudadanos tienen derechos lingüísticos, pero los territorios, no. ¿Por qué, entonces, habla de España el manifiesto? ¿O es que quizá hay algún catalanohablante que reclame trabajar en catalán en Madrid o en Rusia? ¿O no es territorial el vínculo que establece la oficialidad del holandés en Holanda, con independencia de que los holandeses de nacimiento hablen también otras lenguas o de que vivan en Holanda personas con otras lenguas maternas? Pero vamos al meollo de la polémica que cíclicamente reaparece. Aprender una nueva lengua nos enriquece cultural y comunicativamente, y no comporta renunciar a las lenguas que ya se conocen. Defender el catalán no significa destruir el castellano. Tras este manifiesto hay una dificultad para entender que cada vez serán menos las sociedades monolingües y que Catalunya no aspira a la opción reduccionista del monolingüismo, sino a lograr que el catalán, que se habla en este país hace ya 1.200 años, tenga un uso institucional y público destacado, que no debe impedir el conocimiento y el uso normal del castellano, que es también oficial en Catalunya, y la adquisición por parte de la población catalana de conocimientos crecientes de otras lenguas.

A PROPÓSITO

Rosa Díez recoge firmas en Bilbao para el manifiesto en defensa del castellano

La diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, defendió ayer en Bilbao la necesidad de una ley contra la discriminación por razones lingüísticas y por la libertad de elección de los ciudadanos de la lengua oficial en que quieren relacionarse con la Administración o educar a sus hijos. Junto a otros representantes de su formación, Díez recogió firmas en el centro de la capital vizcaína en apoyo del Manifiesto por la lengua común promovido por una veintena de intelectuales, entre ellos Mario Vargas Llosa, Fernando Savater o José Antonio Marina.

La diputada reclamó que "no se produzca discriminación a aquellos ciudadanos que quieren educar a sus hijos en la lengua castellana", informa Efe. Díez, quien registró el pasado viernes en el Congreso una proposición de ley orgánica contra la discriminación en este ámbito, consideró que establecer en el currículo vasco el euskera como lengua principal del sistema educativo supone "una decisión en contra de la libertad de elección".

En su opinión, hay que garantizar que se pueda educar a un niño en cualquiera de las dos lenguas oficiales del País Vasco y también que un ciudadano español que recorra la península pueda ver "los carteles en cualquiera de las dos lenguas oficiales, pero siempre y en toda España, en la lengua común". Agregó que "son principios tan obvios" y "de sentido democrático que es un pena tener que regularlo por ley, pero hemos llegado a una situación en que no es el castellano el que está perseguido", sino que "están discriminadas las personas que quieren utilizarlo". Los más afectados por esa discriminación que aprecia son los ciudadanos con menor renta, incidió.

Nada amenaza al castellano

El Manifiesto por la lengua común, promovido por Fernando Savater y al que se han adherido intelectuales de expresión castellana cuya obra respetamos, ha abierto una caja de Pandora sin nada dentro más que los tópicos y lugares comunes de un conflicto político-lingüístico poco menos que inexistente, al menos en Catalunya. La sensación de que, animados por las mejores intenciones, los firmantes del manifiesto se han prestado a la manipulación política de la derecha intransigente se impone a cualquier otra consideración: ni el castellano está por fortuna en retroceso ni las otras lenguas españolas son una amenaza para nadie. Antes al contrario, la cohesión social prevalece allí donde el castellano comparte el espacio lingüístico con otra lengua, tanto en Euskadi como en Galicia, Baleares, Valencia y Catalunya.La inmersión lingüística ha cosechado un éxito académico indiscutible y no es un "atropello", como dice el manifiesto. Bien al contrario, ha permitido que los estudiantes terminen el ciclo obligatorio con un conocimiento similar de castellano y catalán, y si se llega a la conclusión de que nuestros jóvenes tienen un dominio deficiente de ambos idiomas, debe achacarse a la debilidad general de nuestro sistema educativo y no a la inmersión. Es más, las pruebas de acceso a la universidad celebradas este mes han arrojado una nota media en el castellano (6,25) superior a la del catalán (5,52).

De acuerdo con la ley El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han confirmado que el sistema se atiene a la ley, con independencia de que la Administración debe cumplir determinadas condiciones para garantizar la educación en castellano de los niños cuyos padres así lo desean. Y, desde luego, si este requisito no se cumple, debe ponerse remedio a esta situación que, en cualquier caso, afecta a un número francamente pequeño de familias. Puesto que el bilingüismo es la norma y, nada justifica que se enquisten en el engranaje educativo aquellos casos concretos que pueden enturbiar la realidad.La enseñanza y, por extensión, la vida cotidiana en todas partes, no puede regularse desde enfoques politizados tan respetables como reduccionistas.

El régimen lingüístico que rige en nuestras aulas debe quedar a criterio de los especialistas en la materia y no de los políticos, porque, en este caso, se da pie a situaciones tan poco ejemplares como el tira y afloja para la implantación de la tercera hora de castellano, pospuesta un año para remansar las aguas de ERC. Pero deducir de lo antedicho que nos hallamos ante "imposiciones abusivas", como dice el manifiesto, es una exageración.También se antoja exagerado presentar la situación en las comunidades bilingües como la propia de un régimen permanente de imposiciones y sanciones. Seguramente no siempre han tenido los gobernantes catalanes el punto de prudencia y contención deseables, pero de ahí a colegir que se coarta la libertad de los ciudadanos media un abismo que parece que los afectos al manifiesto se han atrevido a cruzar de una sola zancada.Cambios innecesariosEs igualmente exagerado reclamar del Parlamento "una normativa legal de rango adecuado" --sin descartar la reforma de la Constitución-- para salvar al castellano de las presuntas amenazas que se ciernen sobre él, como se recoge en el manifiesto.

Basta con navegar por el dial radiofónico o dar un repaso a los canales de televisión, basta con entrar en una librería o acercarse a un quiosco de prensa, para darse cuenta de que la conflictividad lingüística es inexistente y la debilidad del castellano, un espantajo para alarmar a personas poco informadas o agitar la política.En suma, los firmantes del manifiesto transmiten a la sociedad catalana --también a las de las demás comunidades con lengua propia-- que, una vez más, los intelectuales de expresión castellana se desentienden de la suerte del catalán y solo se movilizan para consagrar una situación objetiva de privilegio. Un esfuerzo del todo innecesario porque también en Catalunya se entiende que la cultura castellana --escritores, editoriales, tradiciones, la inmigración de la posguerra-- forma parte de su propia cultura, y rara vez se ha puesto en duda este dato esencial para comprender la urdimbre de la identidad catalana.